La Prohibición de la Minería: ¿Le conviene al Gran Cañón pero no a El Salvador?
Por Sarah Anderson[1], 11 de enero del 2012.
Los socios comerciales de Estados Unidos deben de preocuparse de que si conducen políticas responsables para el planeta podrían ser sujetos de fuertes demandadas corporativas.
Con mucha fanfarria patriótica, la administración del Presidente Obama anunció esta semana que prohibirá proyectos mineros de uranio cerca al Gran Cañón. En una ceremonia en la National Geographic Society en Washington, el secretario del interior Ken Salazar dijo que la prohibición es “la propuesta correcta para este invaluable paisaje Americano.”
Él señaló que millones de personas dependen del Río Colorado, que corre por el Gran Cañón, para agua potable. “Estamos encargados de cuidar y proteger los muy valiosos recursos ambientales y culturales, y hemos escogido un rumbo responsable y coherente para esta y futuras generaciones,” dijo Salazar.
Para mí también es coherente. Pero lástima que los socios comerciales de los EEUU tienen que preocuparse de que si siguen una gestión responsable de la misma manera, la recompensa podría ser una fuerte demanda corporativa.
Así ha pasado en El Salvador, donde la empresa transnacional Pacific Rim está demandando al gobierno por el derecho a explotar los recursos de oro del país. Como a muchos en la Cuenca del Río Colorado, los habitantes de El Salvador están preocupados de que la minería podría llegar a contaminar su agua potable. Más de la mitad de la población depende de un solo río, El Lempa. Pacific Rim está demandando una indemnización de más de $77 millones de dólares amparado en las protecciones que el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centro América y Estados Unidos (CAFTA) otorga a los inversionistas.
Así también pasó a México, cuyo gobierno tuvo que pagar a una empresa estadounidense que quería instalar una planta de desechos tóxicos en un área ambientalmente vulnerable. Cuando la comunidad local se opuso al proyecto, la empresa Metalclad, con sede en California, ganó casi $15.5 millones del gobierno de México a través de una demanda amparada en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA).
En Perú, la empresa Renco, con sede en los EEUU, está demandando $800 millones de dólares en indemnización después de que el gobierno peruano revocó los permisos de operación de una fundidora, afirmando que la empresa no había cumplido con sus obligaciones contractuales para la limpieza ambiental. El TLC entre Perú y los EEUU hizo posible esta demanda.
Quién sabe, la prohibición de minería en el Gran Cañón podría provocar una demanda semejante. No sería la primera vez que una empresa extranjera intentase sacar dinero utilizando el sistema de arreglo de disputas “inversionistas-estado” contenidos en nuestros tratados comerciales.
En el 2003, por ejemplo, la empresa canadiense Glamis Gold demandó al gobierno de EEUU amparado en el NAFTA, pidiendo $50 millones de dólares en compensación por restricciones implementadas para proteger al medioambiente y a las comunidades indígenas de los impactos de minería a cielo abierto. Un tribunal establecido por el sistema de arbitraje que se encarga de estos casos eventualmente emitió un fallo de sobreseimiento en el caso de Glamis, después de años de lucha legal. Sin embargo, el gobierno de EEUU aun tuvo que pagar una tercera parte del costo del arbitraje y por su propia defensa legal. EEUU ha enfrentado más de una docena de demandas por parte de inversionistas bajo las reglas del NAFTA.
Debemos aplaudir el posicionamiento de la administración de Obama con respeto a la minería en el Gran Cañón. Y debemos animarle a que adopte una postura aún más importante para apoyar la protección social y ambiental con la revisión de nuestras reglas de comercio priorizando a la gente y al planeta.
[1] Sarah Anderson dirige el Programa sobre la Economía Global del Institute for Policy Studies de Washington D.C. El original en inglés de este artículo se puede encontrar aquí.